El Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto para regular los grupos de interés, lo que podría implicar la pérdida de hasta 1.500 millones de euros en fondos europeos. Esta decisión afecta a diversas empresas que habían solicitado su inscripción en el nuevo registro.
Este miércoles, el Congreso no logró los apoyos necesarios para mantener el real decreto-ley que regulaba los grupos de interés, según publica expansion.com. La norma, aprobada por el Gobierno el 25 de agosto, buscaba asegurar la continuidad de los fondos europeos, pero su derogación puede comprometer el último pago de 26.000 millones de euros.
La falta de apoyo por parte de partidos como el PP, Vox y Junts podría costar a España hasta 1.500 millones de euros por no cumplir con ciertos hitos establecidos por Bruselas. No obstante, fuentes gubernamentales apuntan que esta cifra podría ser menor debido a ajustes en el mecanismo de evaluación.
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, intentó convencer a los grupos parlamentarios de apoyar el decreto, ofreciendo revisarlo antes de octubre para excluir a sindicatos y patronales de la obligación de inscribirse. Sin embargo, esta propuesta no fue suficiente para cambiar el sentido del voto.
Con la derogación, todas las disposiciones del registro estatal de grupos de interés quedan sin efecto. Importantes compañías como Renault, Tesla y HP habían mostrado interés en registrarse en el nuevo sistema, que había comenzado a operar días antes de su anulación.
Los sectores empresarial y sindical han expresado opiniones divididas sobre la regulación de los lobbies. Mientras que la patronal y sindicatos se oponen a la inscripción obligatoria, el sector del lobby considera que la derogación representa "una oportunidad perdida para aportar transparencia" en el diálogo entre el sector privado y el público, según el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, Carlos Parry.
Parry también destacó que el texto derogado incluía muchas de las propuestas de los grupos parlamentarios y cumplía con los estándares europeos, lo que hace más urgente la necesidad de una regulación clarificada en España.
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