La asociación SpainDC denuncia que el proyecto de decreto del Gobierno español podría desincentivar inversiones en centros de datos, estimadas en 9.000 millones de euros. Tres empresas internacionales han amenazado con suspender sus proyectos si se aprueba la normativa.
SpainDC, la asociación española de data centers, ha calificado el proyecto de decreto del Gobierno para regular estos centros como un veto que podría afectar drásticamente al sector. Según la información, avanzada por el medio expansion.com, España ha pasado de ser el país más atractivo de Europa para instalar centros de datos a convertirse en el menos atractivo.
En una rueda de prensa, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y la directora ejecutiva, Begoña Villacís, informaron sobre el riesgo que corren inversiones por valor de 9.000 millones de euros. Este monto está en juego tras el anuncio de que tres empresas internacionales que consideraban proyectos en España los detendrán si se materializa el decreto.
El nuevo marco legal exige que los centros de datos respalden con energía renovable al menos el 80% de su consumo cada hora de funcionamiento. La asociación ha presentado alegaciones al decreto, elaborado por varios ministerios, entre ellos el de Transición Ecológica y Economía.
Díaz ha instado al Gobierno a dialogar sobre el decreto, afirmando que el sector ignora sus planes y que el contenido del mismo incluye medidas perjudiciales. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, lamentó. Actualmente, no hay un encuentro previsto entre las partes.
El presidente de SpainDC también advirtió que los proyectos de las empresas que amenazan con retirarse representan el 15% de inversiones totales proyectadas de 66.900 millones de euros hasta 2030. De continuar con este nuevo planteamiento, entre el 80% y el 90% de las nuevas inversiones podrían estar en riesgo.
La directora ejecutiva, Villacís, refirió que las alegaciones recibieron el apoyo unánime de los más de 300 socios de la asociación, señalando que “España no puede convertirse en el país más restrictivo de Europa”.
La preocupación de SpainDC abarca tanto el impacto económico como las aristas jurídicas del nuevo decreto, que consideran que pueden poner en jaque la competitividad del país frente a otros destinos europeos que buscan atraer estas inversiones.
Las alegaciones presentadas por SpainDC cuestionan la viabilidad de la regulación, argumentando que la acumulación de requisitos podría constituir un veto al sector. La asociación ha mostrado un rechazo frontal a la normativa, instando a revisarla para no comprometer el futuro de las inversiones en el país.
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